En 1912, inspirado por el pensamiento de Karl Marx, Luis Emilio Recabarren fundó el Partido Obrero Socialista (POS) que, al  incorporarse a la III Internacional de Moscú, dio origen el 2 de enero de 1922 al Partido Comunista de Chile. La dictadura de Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931) ejerció la primera persecución contra el partido. Tras su caída, el Partido Comunista amplió su composición, hasta entonces exclusivamente de obreros, con el ingreso de intelectuales y profesionales. En 1935 inició una política de alianzas con otros partidos, como una estrategia del comunismo internacional para evitar el avance del fascismo en el mundo, que en 1938 triunfó en Chile con el Frente Popular apoyando al radical Pedro Aguirre Cerda. En 1946 Gabriel Gonzales Videla, radical apoyado por su partido, los liberales  y los comunistas, llegó a La Moneda asegurándole a éstos últimos su decisión irrevocable de que si no participaban en el gabinete ministerial, no asumiría la Presidencia de la República. El 3 de noviembre de 1946 estableció su primer gabinete de «Unidad Nacional» compuesto por cinco radicales, tres liberales, tres comunistas y un independiente.

En las elecciones municipales de abril de 1947 el Partido Comunista se perfiló como la tercera fuerza política del país con un 16.5 %, solamente superado por sus pares radicales y conservadores,  lo que sumado al contexto de Guerra Fría en el que los comunistas llamaban a romper relaciones con Estados Unidos, oponiéndose a las políticas gubernamentales, llevó al Presidente González Videla a pedir la renuncia a los ministros comunistas en agosto del mismo año y a formar un nuevo gabinete. La medida llevó al Partido Comunista a organizar movimientos huelguísticos en todo el país, como el de los mineros del carbón en Lota, lo que González Videla aprovechó para presentarlo como un complot del comunismo internacional contra su gobierno, comenzando una persecución sin tregua contra sus antiguos aliados.

El 3 de septiembre de 1948 se aprobó la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, denominada por los comunistas como la «Ley Maldita», que prohibió la existencia, organización, acción y propaganda, de palabra por escrito o por cualquier medio, del Partido Comunista.  Las sanciones para los que incurrían en el delito de ser comunista consistían en penas de presidio, reclusión, relegación o extrañamiento y multas de 5.000 a 50.000 pesos de la época. También proscribía a los comunistas de desempeñar cargos públicos, borrando a sus militantes del Registro electoral. Además se prohibieron las banderas, emblemas y signos revolucionarios como la hoz y el martillo, colores como el rojo, y lienzos o pancartas con los rostros de Marx o Lenin. Cientos de dirigentes y militantes fueron detenidos, encarcelados y relegados al campo de concentración de Pisagua. Otros, como el senador Neftalí Reyes ( Pablo Neruda) optaron por el  exilio.

La «Ley Maldita», represiva con respecto a los derechos individuales y humanos, ya que se los negó a personas en razón de sus convicciones, propició que se configurara en el país un ambiente anticomunista mediante la discriminación ideológica del marxismo. En 1958 se formó el Bloque de Saneamiento para democratizar la vida política del país. El 31 de julio, el Parlamento aprobó la derogación de la “Ley Maldita”, que fue promulgada por el Presidente Carlos Ibáñez del Campo, en su segundo mandato, el 2 de agosto. Así el Partido Comunista volvía a la legalidad democrática que lo llevaría nuevamente a La Moneda en 1970 con la Unidad Popular.

La Historia es nuestra y la hacen los Pueblos

Jorge Alejandro Araya Moya  Profesor de Historia y Geografía

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